El referéndum contra la impunidad en México resultó ser un ejercicio fallido
(Tomado de: opendemocracy.net)
Una consulta que podría ser un acto político importante corre el riesgo de sentar un precedente negativo//Massimo Modonesi
10 de agosto de 2021, a las 12.00 horas
La consulta popular tuvo lugar el 1 de agosto de 2021 en la Ciudad de México.
El 1 de agosto, los mexicanos fueron convocados a las urnas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que realizó una consulta popular para llevar a juicio a cinco de los expresidentes del país. Sin embargo, solo 6,5 millones de personas, menos del 8% del electorado, respondieron al llamado.
Los que acudieron a las urnas votaron casi por unanimidad a favor del juicio de los exdirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) que han gobernado durante las últimas tres décadas: Carlos Salinas (1988–1994) , Ernesto Zedillo (1994–2000), Vicente Fox (2000–2006), Felipe Calderón (2006–2012) y Enrique Peña Nieto (2012–2018).
Con una participación electoral del 7,8% , el referéndum ni siquiera se acercó al 40% necesario para que sea vinculante. Esto explica por qué se consideró una derrota del obradorismo, aunque los obradoristas afirman que fue un éxito.
Pero si bien los millones que acudieron a las urnas mostraron sensibilidad a la impunidad y la justicia y disposición a participar, está lejos de ser un triunfo para el gobierno, evidente en la baja concurrencia e injerencia que obstaculizó el proceso de ejercicio democrático.
La propuesta inicial estuvo, desde un principio, en la delgada línea entre legitimidad y legalidad, ya que sugería la posibilidad de revertir la impunidad a través de un juicio político (una Comisión de la Verdad o un Tribunal Popular) y también de abrir el camino a la “liberación” de las demandas. que, si tuvieran respaldo legal, debían tramitarse de oficio, sin necesidad de referéndum.
Desde el principio, la consulta podría leerse, alternativamente, como una forma de “justicialismo” simbólico o como un intento de legitimar el uso de la legalidad en las urnas. Ambas lecturas revelan la situación real y la percepción del estado de derecho en México.
Por otro lado, varios poderes — institucionales y fácticos — obstaculizaron el proceso. El Tribunal Supremo retrasó la fecha para que no coincidiera con las elecciones legislativas de junio, al tiempo que modificó la cuestión, haciéndola más abstracta y confusa.
El texto final preguntaba: “¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que las acciones pertinentes se deben realizar dentro del marco constitucional y legal, a fin de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los últimos años por los actores políticos, con miras a garantizar justicia y derechos de las posibles víctimas? “.
La consulta fue otra oportunidad fallida para que Morena logre un rol de liderazgo y deje de ser un mero reflector del carisma presidencial
A su vez, el Instituto Nacional Electoral (INE) no incentivó la participación en las urnas, alegando falta de recursos, al mismo tiempo que frenó la campaña de los promotores. El partido mayoritario, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aceptó el cambio de fecha y pregunta para no demorar el proceso y, sin convicción y desgastado por las elecciones de junio , convocó el referéndum, pero sin saber ni querer movilizarse más allá. la inercia de una máquina electoral tradicional.
Al final, la consulta fue otra oportunidad fallida para que Morena lograra un rol de liderazgo y dejara de ser un mero reflector del carisma presidencial o repartidor de cargos en las distintas áreas de representación o administración pública.
A su vez, el presidente López Obrador no quiso involucrarse para proteger su figura institucional (ni siquiera acudió a votar), aunque la cuestión del juicio de los expresidentes deriva directamente de su caracterización del neoliberalismo como corrupción y saqueo del gobierno. sector público por lo que él llama “la mafia del poder”.
Finalmente, la embestida de la prensa opositora y el ejército de ‘formadores de opinión’ y ‘comentaristas’ -las voces de un partido opositor desprestigiado, sin proyecto, líderes organizados ni bases- hicieron lo propio, descalificando el proceso y pidiendo la abstención.
En estas condiciones adversas, la gran mayoría de la población no votó por apatía o desinterés, por oposición a la Cuarta Transformación o por decepción con tres años de malabarismo conservador-progresista. Los cerca de 7 millones que acudieron a las urnas, descontando el 10% que votó en contra, corresponden a la base fiel del laborismo, tanto ideológico como clientelista, al que hay que sumar sectores progresistas y de izquierda, activos y conscientes, más o menos (dis. ) organizados, que no pertenecen orgánicamente al obradorismo, pero que forman parte de las luchas antineoliberales de las últimas décadas y del presente.
Sorprendente, en este sentido, fue fundamental la apelación al voto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como de otras organizaciones más o menos independientes de la fuerza laboral, en particular las que fueron víctimas de la represión o que representan a sectores. afectados por las decisiones políticas del gobierno. También manifestó la participación espontánea de muchos ciudadanos que vivieron y sufrieron los seis años de mandatos de anteriores presidentes, sintiendo vulnerados sus creencias y sus condiciones de existencia.
Además de la pequeña política, dos significados del referéndum nos permiten sopesar lo que quiso ser y lo que fue solo parcialmente, dejando la sensación de un ejercicio fallido. El significado básico es que fue una reparación colectiva necesaria. Lo formal implicó la apertura de una instancia institucional de democracia participativa.
La consulta popular sobre el juicio de los ex presidentes pretendía ser, y podría ser, el acto de apertura de un proceso de reparación. De hecho, la memoria colectiva registra tres décadas de historia nacional marcadas por una serie interminable de denuncias que el conocido intelectual obrero Pedro Miguel trató de enumerar en un artículo de La Jornada .
La retórica obrera actual parece confundir la idea general de democracia participativa con el simple instrumento de la consulta popular.
Todos los que fuimos (fuimos) parte de esta historia de abusos de poder y expropiación de la esfera pública, y de las resistencias y luchas que siguieron, se sintieron desafiados por un referéndum que finalmente buscó revertir la impunidad de los responsables y sufridos con la interferencia que lo descarriló.
En un país presidencialista donde la concentración real y simbólica del poder en una figura sexenal de una sola persona es parte del ritual constitutivo del poder estatal, el odio a los ex presidentes es parte de sentimientos políticos difusos y persistentes. Esto sigue distorsionando la percepción de la conformación real del poder político, del andamiaje tecnocrático y partidista, de la red con poderes fácticos.
Cabe destacar la ironía del discurso laborista que acompañó al referéndum de que Salinas fue acusado de fraude en las elecciones de 1988 en las que fue electo, sin mencionar que su realización tuvo el importante papel del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, ahora aliado de López Obrador y miembro de su gobierno.
En todo caso, además del triunfalismo de López Obrador -para quien todo siempre es un acierto- el resultado de la consulta trunca el camino institucional de una posible reparación colectiva, socavando la legitimidad de la vía judicial que pretendía desmantelar los lazos que garantizaban la impunidad de los ex presidentes. Al mismo tiempo, es evidente que los millones que acudieron a votar demuestran la existencia y el peso de un sentimiento difuso y una voluntad política que sería más que suficiente para justificar la apertura de un ejercicio de memoria colectiva y juicio político.
Por otro lado, la consulta popular representó la inauguración de una forma de democracia participativa que tuvo sus antecedentes más relevantes en algunos movimientos antineoliberales de la segunda mitad de la década de 1990, promovidos y ejecutados por movimientos sociales y partidos de oposición: O zapatismo , que hizo de este formato una práctica recurrente y distinta, pero también del movimiento universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1999–2000 y del mismo Partido Revolución Democrática (PRD), entonces encabezado por López Obrador, contra la deuda contraída por el gobierno Zedillo, en una encuesta en la que votaron tres millones de personas.
También es importante resaltar que la retórica obrera actual parece confundir la idea general de democracia participativa con el simple instrumento de consulta popular, sin considerar otras prácticas como, por ejemplo, el presupuesto participativo (actualmente reducido a microprácticas hiperburocráticas en México). Ciudad), democratización de los espacios laborales y educativos, participación comunitaria o asambleas territoriales, y reconocimiento de las dinámicas organizativas autónomas como formas de participación y democracia directa.
Así, como respuesta inmediata al desencanto con los resultados de la consulta, el obrero, tras el ritual triunfalista, empezó a mirar hacia el futuro. López Obrador declaró que, al momento del referéndum revocatorio programado para marzo de 2022, la participación sería masiva. Además, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, propuso legislar sobre esta modalidad específica y no, por ejemplo, modificar la actual consulta de ley que se preparó durante la administración de Peña Nieto. Además de la apertura de otras formas de democracia participativa, la próxima convocatoria, ligada a la continuidad de la figura unipersonal del actual presidente, manchará inevitablemente el incipiente uso de la lógica plebiscitaria en el referéndum.
En conclusión, una consulta que pudo haber sido un importante acto político, signo de un cambio significativo, aunque limitado y relativo, en cuanto a la historia de denuncias e impunidad de las últimas tres décadas y la apertura de nuevas formas de participación política, resultó ser, por una serie de factores y responsabilidades que incluyen a los propios fiscales, un ejercicio fallido que corre el riesgo de crear un precedente negativo e inhibir el desarrollo de futuras consultas populares que no son estrictamente plebiscitarias.
