En Pantelhó: el Estado fallido y la lucha comunitaria/Por: Josué N. de la Vega M
Ante la incapacidad de la estrategia que aplica el gobierno federal en el combate al crimen organizado, se ha extendido éste y su asentamiento en puntos neurálgicos que facilita el control de rutas de tránsito. La respuesta de la población para repelerlo varía dependiendo si el asentamiento es rural o urbano y su respectiva cultura.
En los centros poblacionales asentados en las zonas rurales, con escasez de vías de comunicación terrestre para el desplazamiento de las fuerzas armadas o por el comportamiento omiso de éstas ante la violencia, han estado emergiendo formas organizativas de autodefensa con características propias del lugar en que nacen. Hay diferencias entre las autodefensas de Guerrero, Michoacán y las de Chiapas.
En el municipio de Pantelhó, Chiapas, México, están asentadas comunidades de una milenaria tradición religiosa de horizonte progresista de corte cristiana, donde funcionarios de las iglesias entienden la pobreza, persecuciones, violencia y explotación que se vive en la región, conducta que ha dado como respuesta una fuerte empatía entre ministros de culto y comunidad que ha facilitado desde los años setentas el trabajo sacerdotal de obispos como Samuel Ruiz García y las Comunidades Eclesiales de Base, cuya palabra la apoyan en la llamada Teología de la Liberación, una perspectiva inspirada en la fe cristiana y en el Evangelio de Jesucristo, en una opción preferencial por los pobres.
Esta confluencia entre tradiciones comunitarias y el pensamiento de liberación articulan las costumbres, tradiciones y la forma comunitaria organizativa de los originarios, en que lo colectivo está situado por encima de lo individual, teniendo a la Teología de Liberación como eje inspirador y protector de la persona. De manera que, previo a emprender alguna acción la meditan detenidamente y después toman el o los acuerdos por consenso de asamblea. Esto sucedió en Pantelhó, formada con 86 comunidades y 18 barrios, cuya población indígena decidió, el 3 de julio, la presentación pública del grupo de autodefensa del pueblo El Machete.
Ante la fuerte presencia del crimen organizado en la región que apresa a los habitantes como tenaza –desde lo social y político institucional- la comunidad, cansados de ello y después de haber recorrido los vericuetos burocráticos solicitando apoyo del gobierno federal y estatal para que detengan y castiguen a quienes han establecido el terror en el lugar, como el grupo de “los Herrera”, y, al mismo tiempo, sean desconocidas las autoridades municipales y recién electas, señaladas de proteger con la estructura gubernamental a la red del narcotráfico y delincuentes del lugar. Al no haber obtenido respuesta, fue que se vieron llevados a tomar la difícil decisión de dar vida al grupo de autodefensa, que ha recibido entrenamiento, uniforme y armas gracias al fondo económico que para ello estableció la comunidad.
Dos días después, el 5 de julio es asesinado Simón Pedro Pérez de origen maya tzotzil, quien tenía fuerte ascendencia en la comunidad, ex dirigente de la mesa directiva del grupo cristiano y pacifista Las Abejas de Acteal, catequista de la Parroquia de Santa Catalina, quien promovía la organización contra la violencia en el municipio de Pantelhó. La lucha en defensa de la vida y bienes, tiene a la fecha como saldo la pérdida de 200 vidas y 5 000 personas desplazadas por el miedo.
Las protestas no se hicieron esperar y el 7 de julio se da el enfrentamiento entre los autodefensas del pueblo El Machete e integrantes del crimen organizado; la única acción que las autoridades hicieron fue la realizada por la Fiscalía de Justicia de Chiapas la cual únicamente puso a 8 viviendas un sello con la leyenda “carpeta de investigación”, sin emprender acción alguna más, y a los pocos días se permite oficialmente el retorno de desplazados y de vendedores de drogas, armas y funcionarios del gobierno municipal. Acción que tuvo como respuesta que la gente de los 18 barrios de la cabecera municipal decidiera en asamblea hacer justicia con sus propias manos. Catearon e incendiaron casas, negocios, farmacias, abarroteras, quemaron patrullas y ambulancias, y tomaron el símbolo del poder institucional: palacio municipal. La confrontación abierta duró cerca de 30 horas.
La asamblea realizada el 18 de julio, contó con la asistencia de 3 500 asistentes de sus 86 comunidades de las etnias tzeltal y tsotsil sin importar creencia religiosa o filiación política; se reunieron en San José Buenavista Tercero, en ella, para mantener el espíritu en alto y contar con el apoyo de sus dioses y la madre tierra, hicieron la oración “buen vivir” y solicitaron la protección y fuerza necesaria para terminar con la amenaza a su vida por parte del crimen organizado que tiene asolado al lugar con extorsiones, intimidaciones y asesinatos. Asiste al lugar la representante de la Secretaria de Gobernación, Josefina Bravo Rangel, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, su presencia no tuvo efecto alguno. En la plática con la representante de gobernación, los 20 ciudadanos comunitarios nombrados por los ocupantes de palacio municipal reiteraron que su lucha no tiene contenido político ni están contra el Estado mexicano, y exigieron respuestas firmas y claras.
En un comunicado dado a conocer días después de los sucesos en la zona central del municipio, los representantes de las comunidades afirman que: “lo ocurrido el domingo, no es un acto racista en contra de los mestizos; nuestra lucha no es para expulsarlos; es en contra de los sicarios y narcotráficos que han secuestrado Pantelhó durante mucho tiempo y asesinado a nuestros hermanos indígenas; no venimos a violentar a los mestizos ni indígenas inocentes.”
Los sucesos evidencian a un Estado fallido sin capacidad de contener y desarticular a los carteles de la droga, y de aplicar el estado de derecho que, además de posibilitar la sana convivencia entre etnias y formas diferentes de ver el mundo, elimine al crimen organizado.
Al no tener salida de esta problemática, la representante de gobernación aceptó como válido, para la defensa, el que la comunidad tuviera su forma de protección, al confesar que los grupos delincuenciales tienen el control de un corredor de tráfico de drogas, de personas, de armas de uso exclusivo del ejército. El envío del ejército evidencia la falta de un plan gubernamental no de corte militar para desterrar definitivamente al narcotráfico. Ante el envío del ejército lo esperado sucedió, la conducta de los integrantes de la corporación violentó a la población y en lugar de darles seguridad y tranquilidad provocó mayor malestar, sin resultado alguno, pues al momento no hay detención de los señalados como sicarios y narcotraficantes.
Ante estas grietas sociales y políticas, es necesario la organización desde sus raíces culturales y políticas de las comunidades para defender y promover sus derechos y vida. En México, la lucha que han llevado por años los grupos originarios ha mostrado su fuerza gracias a cuestiones culturales milenarias como la organización comunitaria que funciona como articulador de la voluntad de los integrantes que, en casos como el de Pantelhó, al combinarse con visiones progresistas permite constituirse en un protoestado popular y democrático.
Las acciones del narcotráfico dejan en evidencia la fuerte crisis del Estado. El círculo perverso de la violencia que tiende a ser más intenso cada día, erosiona la legitimidad y hace ver vulnerable al Estado mexicano quien está en el centro de la vorágine de la violencia del narco, de la crisis económica y de la devastación ecológico. No tiene capacidad de respuesta real.
La actualidad de la organización democrática desde abajo hoy es imperativa. Las grietas del Estado cada vez son más evidentes, además del proceso de deterioro del tejido social por la fuerte corrupción, la penetración del narcotráfico en los corredores del poder y la falta de autoridad del Estado, situación que abre el espacio para avanzar en el camino dialéctico de destrucción de lo viejo y la construcción de un mundo nuevo.
(tomado del diario Tlanesi)